Como español, me da la sensación de que continuamente nos están tomando el pelo los poderes del Estado, ya bien sea por desinformación, información exagerada o falta de aplicación del sentido común, que por cierto está muy lejos de tener que ver algo con la política y el bienestar de la sociedad.

Y lo peor de todo es que nos creemos todos los escenarios que nos plantean, que si un proyecto de atentado al Presidente, que si la resolución sobre las hipotecas era la única posible acorde a Ley, que si salen los juicios de los EREs de Andalucía, pues yo saco lo de Villarejo y Cospedal, desvíos de atención continuos para que no nos podamos centrar en lo importante. En resumen, estamos embarcados en una gran mentira, una gran boñiga en la que el que no se mueve, está calentito, y ni se plantea nuevos cambios para mejorar al resto de la sociedad.

El Tribunal Supremo ha dejado su prestigio enterrado al dictaminar el pago del impuesto a las hipotecas, aunque lo haya hecho acorde a Ley. Ni una renovación lo va a resucitar: el daño está hecho de por vida. La diferencia de votos para conseguir la aprobación de su enmienda, 15 a 13, ya nos dice mucho sobre los jueces que lo componen, y sobre las diferencias de criterio para que se aplique, en uno u otro sentido. Pero esa disparidad, que no debería de existir entre los jueces si la solución hubiera sido común y buena, es la que está marcando la lógica y el sentido común de los jueces que querían que los “actos documentados” fueran a cargo de las entidades financieras.

Por encima de la Ley, y aunque su modificación pertenezca a las funciones del Legislativo, deben de ser los jueces, esos que se quedaron en una gran minoría, los que propicien con sus decisiones acertadas (porque lo hacen por el bien de la sociedad), cierta jurisprudencia para que casos como este no vuelvan a repetirse, y sean debidamente incorporados a la próxima Ley.

Porque la modificación de la Ley debe de venir del Poder Legislativo, pero también se debería de apoyar en las decisiones previas de los jueces que han intentado mejorar sus términos, por la incongruencia que algunas decisiones de ellos suponen en la actualidad. De lo contrario nos encontraremos con un sector de jueces que al igual que los notarios dan fe de que este documento existe o que se ha cumplido la Ley “a rajatabla”, sin contemplar más vertientes. ¡Absurdo!

Sentenciado el caso, y teniéndose que pagar de momento los actos jurídicos documentados por parte de  los clientes que suscriben una hipoteca, urge modificar la Ley. Y ahí entra el Legislativo. Deben de tener muchos proyectos de Ley y leyes para tratar en el Parlamento, pero sin duda, por su afectación social, esta modificación debería ser como el enfermo que entra en urgencias y le hacen saltarse la cola de heridos para llevarle a la mesa de operaciones. El Ejecutivo ya debería de estar marcándole fechas al Legislativo para las reuniones de adaptación de la Ley. Para un ciudadano de a pié, todo lo demás son intereses creados.

Sobre la desvergüenza de algunos portavoces de entidades bancarias que hablan de caída en las bolsas y de que tendrán que repercutir lo que pierdan en este hecho administrativo-documental, o aumentando los intereses de las nuevas hipotecas, recordarles que:

  • Lo que está mal, está mal, y este hecho es un signo evidente, porque quien necesita el documento hipotecario es la entidad bancaria y no el cliente.
  • Que en bolsa se gana y se pierde, y aunque el sector bancario sea una parte muy importante del índice bursatil, no dejan de ser empresas, que pueden tener altibajos, inclusive quebrar. Yo me arruiné en bolsa. ¿Me engañaron? ¿Fue mi culpa? ¡Un poco de todo pero, al final la culpa fue mía!
  • Según el Banco de España, el Estado Español, para rescatar a la banca tuvo que poner 56.865 millones de euros. El Supervisor calcula que se recuperarán 14.000 y que se perderán 42.000 millones. O sea que, el contribuyente perderá cerca de 50.000 millones de euros aportados para el rescate bancario, si bien es cierto que, los responsables del gobierno de turno dijeron en su día “que el rescate no le iba a costar ni un euro al bolsillo de los españoles”.
  • Explicaciones de Gobierno y del Regulador, ¡CERO! No las necesitamos, porque somos votantes tontos, sin ninguna memoria, aunque nos hayan expoliado, nos fiamos del discurso fácil del político de turno. Solo añadir que Estados Unidos ya ha recuperado los 125.000 millones que prestó a las entidades bancarias, y Reino Unido, también ha hecho lo propio con los 23.868 que presto, y además ha recuperado 1.000 de intereses.
  • Y en cuanto al seguro hundimiento en bolsa que preveen los portavoces de las entidades bancarias, recordar que:

* Los accionistas siguen cobrando dividendos, lo que me parece inmoral, y nosotros NÓ. ¡Paga lo que debes y luego haz con tu dinero lo que te dé la gana!

Y ahora veamos cual sería la lógica a seguir, que ya debería de estar consensuando el Tribunal Supremo para ayudar al Legislativo:

“El impuesto de actos jurídicos documentados deben de pagarlo los bancos porque es a ellos a quienes les interesa que exista este documento, y permitirles ejercer el futuro dominio de las hipotecas ante impagos”.

Retroactividad: afectará a todas aquellas hipotecas que en el momento de la actualización de la Ley y de su entrada en vigor, tengan pendientes cuotas de pago, un mes o 30 años, me da igual, a todas las hipotecas vivas. Las hipotecas ya canceladas, por pago o impago, no podrán beneficiarse de este provecho.

Forma de recuperar el dinero: Puesto que hay miles de hipotecas en curso, y para que el sistema bancario no se resienta como dicen sus portavoces, lo ideal sería:

  • Para las nuevas hipotecas: paga el impuesto la entidad bancaria, y punto. Supone unas 1.050 hipotecas diarias con un coste aproximado de 2,5 millones de euros, asumible por las entidades bancarias. Si no están conformes, ya se pondrán de acuerdo con las Haciendas de las Comunidades Autónomas, para que sea menos lo que tengan que pagar.
  • Para las que ya están en curso: devolución en 24 mensualidades, importe que se deducirá de la cuota mensual hipotecaria. Si al cliente le quedaran menos de 24 cuotas por pagar, se actuará proporcionalmente. En total no puede suponer más de 100-110€ a descontar del pago mensual.
  • ¿Por qué no incluyo la reclamación a las Haciendas de las Comunidades Autónomas?:

Porque en su día la entidad bancaria gestionó este tributo, con nuestro dinero. Y me parece muy lógico que continúe siendo la entidad bancaria quien reclame a Hacienda. Entre el Banco y Hacienda se entenderán mejor sobre cuánto es lo que hay que pagar y/o reclamar.

Y si el banco no está de acuerdo en pagar este tributo, no os preocupéis, pues harán que lo quiten para que no les afecte en sus resultados. Ya se inventarán otro que solo nos perjudique a nosotros, a la sociedad que mantiene al Gobierno.

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