Más de 30 perros fueron rescatados en dos intervenciones realizadas en 2019 en un cortijo en ruinas de Almería. Diez murieron. Siete años después, el hombre al que las acusaciones atribuyen su abandono se sentará ante el juez.

Un perro sin ojos deambulando entre las ruinas. Animales famélicos sujetos con cadenas de menos de un metro. Una perra recién parida escondida debajo de un colchón y varios cachorros atacados por las ratas. Es el escenario que asegura haber encontrado Cristina Carrillo cuando, en julio de 2019, entró en un cortijo de El Trebolar, en el término de Adra, Almería.

Carrillo será testigo y acusación particular en el juicio señalado para el 25 de septiembre, a las 9.15 horas, en la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería. El acusado se enfrenta a peticiones de pena muy diferentes: la Fiscalía reclama un año de prisión, mientras que una acusación particular solicita más de 30 años.

La rescatadora explicó a La Voz de Almería que conoció el caso después de ver en las redes sociales fotografías de perros heridos y muertos. Afirma que avisó al Seprona y a varias protectoras, pero, al considerar que no obtenía respuesta, viajó desde Madrid acompañada por un amigo.

Esperaban encontrar dos o tres animales. Hallaron más de una veintena. Muchos estaban atados a las paredes y algunos apenas podían mantenerse en pie. Los supervivientes fueron trasladados a hospitales veterinarios, aunque varios murieron durante el rescate o poco después.

Dos meses más tarde, una pareja a la que Carrillo había conocido por Facebook regresó para buscar a una perra herida que no habían podido recoger en la primera intervención. Según su testimonio, en el cortijo había otra decena de perros en condiciones similares. Los animales fueron retirados y la pareja presentó una denuncia ante la Guardia Civil.

Diez perros murieron

El escrito de la Fiscalía, resumido por Europa Press, sostiene que el acusado dejó deliberadamente a los perros en la finca, al menos hasta el 9 de septiembre de 2019, pese a conocer el sufrimiento que podía causarles.

Los animales presentaban malnutrición avanzada, anemia, deshidratación, atrofia muscular, heridas infectadas, fiebre, cojeras y parásitos. El cortijo carecía de techo y vallado adecuados. Había somieres utilizados como puertas, recipientes con agua en mal estado, excrementos y restos de plástico.

Los rescates permitieron sacar de la finca a más de 30 perros. Diez murieron como consecuencia de su estado, según las acusaciones. Más de una docena de los supervivientes lograron recuperarse y fueron adoptados por familias de España, Reino Unido y Francia.

Algunos animales llevaban microchip y figuraban vinculados al acusado. Otros no estaban identificados, aunque, según la Fiscalía, el propio investigado habría reconocido que eran suyos. La acusación particular sostiene además que el propietario denunció inicialmente la desaparición de los perros, una actuación que permitió dirigir el procedimiento contra él.

La falta de identificación complica muchos casos de abandono. El primer estudio oficial sobre protección animal en España, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, concluyó que el 70% de los perros que llegan a los centros de recogida no llevan microchip.

Un año o más de 30: la diferencia entre las acusaciones

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de maltrato animal y solicita un año de prisión y tres años de inhabilitación para tener animales o trabajar con ellos.

La acusación particular adopta una interpretación distinta: atribuye un delito independiente por cada perro. Su abogada, María Girona, reclama doce meses por cada uno de los 21 animales que sobrevivieron y dieciocho meses por cada uno de los diez que murieron.

Las cifras publicadas no coinciden por completo. La información difundida por 20minutos, procedente de Europa Press, sitúa la petición máxima en 31 años. El desglose ofrecido por la letrada a La Voz de Almería supera esa cantidad. El escrito completo de acusación, que no está disponible públicamente, permitiría aclarar la suma exacta.

En cualquier caso, esa cifra no equivaldría al tiempo efectivo en prisión. La propia abogada calcula que el límite máximo sería de cuatro años y medio. El artículo 76 del Código Penal establece, como regla general, que el cumplimiento no puede superar el triple de la pena individual más grave. En este caso, esa pena sería de dieciocho meses.

Los hechos ocurrieron cuando el antiguo artículo 337 castigaba con entre seis y dieciocho meses de prisión el maltrato que provocaba la muerte de un animal. Corresponderá al tribunal decidir si existió un único delito continuado, como mantiene la Fiscalía, o tantos delitos como perros afectados, como reclama la acusación particular.

También queda pendiente una pregunta para las autoridades y entidades a las que Carrillo asegura que avisó: qué constancia existe de aquellas primeras alertas y por qué la intervención oficial no se produjo antes. Siete años después, la respuesta puede resultar casi tan relevante como la condena.