Una columna en TransMilenio reaviva el debate sobre el uso ineficiente de los diseños del metro
La reciente controversia por una columna del Metro de Bogotá que atraviesa una estación de TransMilenio ha encendido nuevamente una vieja discusión: ¿por qué Colombia sigue invirtiendo miles de millones de pesos en estudios de infraestructura que luego se desechan? Más allá de lo anecdótico, este caso refleja una falla estructural en la planeación y ejecución de obras públicas en el país.
El Metro de Bogotá: más de 40 años de promesas y diseños desperdiciados
Desde 1981, Bogotá ha visto desfilar más de siete estudios técnicos de ingeniería avanzada para la construcción de su sistema de metro. Algunos de estos, como el proyecto del metro subterráneo, alcanzaron incluso la fase de ingeniería básica avanzada, con una inversión superior a los 38,5 millones de dólares. Para dimensionarlo: más que el presupuesto anual de la Secretaría Distrital de la Mujer.
¿El problema? Ese diseño fue descartado por razones políticas, no técnicas. Como ha ocurrido en múltiples administraciones, los cambios de gobierno traen consigo nuevas visiones, pero también la costumbre de desechar lo ya avanzado, sin evaluaciones técnicas concluyentes ni rendición de cuentas.
Diseños no ejecutados: una forma silenciosa de corrupción
Aunque no se ve a simple vista, desperdiciar estudios contratados con recursos públicos también es corrupción, ya sea por ineficiencia, por negligencia o por decisiones arbitrarias sin sustento técnico. No basta con sancionar los “elefantes blancos” físicos —obras abandonadas o inconclusas—. También es necesario legislar sobre el mal uso de estudios técnicos no ejecutados.
En Colombia se está tramitando una ley para sancionar este tipo de despilfarros. Sin embargo, actualmente no contempla los diseños descartados sin justificación, lo que deja una puerta abierta al derroche sistemático de recursos del Estado.
La improvisación como norma: decisiones sin sustento técnico
La polémica columna instalada en medio de una estación de TransMilenio ha sido calificada como una “chambonada”. La respuesta oficial de la Alcaldía de Bogotá es que las estaciones son “temporales”, pero en la práctica lo temporal suele volverse permanente.
El avance del metro elevado, actualmente en más del 50%, evidencia que se tomó una decisión política de construir con lo que había, sin esperar a tener completos todos los estudios de detalle. La diferencia entre gobiernos como el de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro no radicó en el nivel técnico de los diseños, sino en la voluntad política para ejecutar o desechar proyectos según intereses y afinidades.
El costo real del centralismo y la falta de continuidad
Durante décadas, Bogotá ha sufrido un centralismo que retarda la inversión en infraestructura bajo el argumento de que “es una ciudad rica”. Mientras tanto, los estudios se acumulan y las obras no avanzan. Cada cuatro años cambia la administración, cambia el enfoque y se reinicia la planeación.
Es hora de preguntarnos: ¿cuánto más vamos a seguir pagando por estudios que no se usan? ¿Y quién responde por esas decisiones?
Una ley para proteger el dinero de todos
Lo que se necesita no es solo más control fiscal, sino una ley nacional que obligue a justificar técnica y públicamente la decisión de desechar diseños existentes. Si no cumplen con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se documente. Si hubo errores, que se sancione al responsable. Pero no más caprichos sin consecuencias.
Con el dinero invertido en estudios del metro en los últimos 40 años, Bogotá podría tener hoy una de las redes de transporte más modernas de América Latina. En lugar de eso, seguimos debatiendo por columnas mal ubicadas y estudios archivados.
Más información y seguimiento del tema
Para conocer más sobre el tema, consulta la columna original de Blanca Inés Durán en El Espectador.
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