La Policía Nacional ha detenido a 32 personas por una presunta estafa a personas mayores que vivían solas. La red les generaba deudas por productos vendidos a precios desorbitados y después les presentaba la entrega de su vivienda como la única salida.

No necesitaban forzar la puerta. Antes se ganaban la confianza de quienes vivían detrás de ella. La Policía Nacional ha desarticulado una organización que, presuntamente, localizaba a personas mayores con escaso apoyo familiar, las endeudaba mediante contratos de financiación y terminaba apropiándose de la nuda propiedad de sus viviendas.

La operación se saldó con 32 detenidos y diez registros en Madrid capital, Valdemoro, Leganés, Getafe, Ciudad Real y Murcia. El juez decretó el ingreso en prisión provisional del supuesto cabecilla. A los arrestados se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, según la nota oficial publicada por el Ministerio del Interior.

La investigación comenzó en abril de 2025, después de que el familiar de una persona que estaba siendo engañada denunciara lo ocurrido en Alcalá de Henares. A partir de ese caso, los agentes encontraron otras denuncias con un procedimiento parecido y reconstruyeron una estructura con funciones repartidas entre comerciales, sociedades de venta, intermediarios financieros y supuestos servicios jurídicos.

Primero fabricaban la deuda

Los comerciales se presentaban en las viviendas ofreciendo productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura. No buscaban una venta rápida. Según los investigadores, procuraban establecer una relación personal, averiguar si la persona vivía sola, conocer su situación económica y detectar posibles problemas físicos o cognitivos.

Las compras se financiaban a plazos y a precios muy superiores a los habituales. En uno de los ejemplos expuestos por la Policía, una mirilla electrónica que costaba unos 130 euros terminó vendiéndose por 4.800: casi 37 veces más. También ofrecían aspiradores, colchones, robots de cocina y otros electrodomésticos.

Cuando las cuotas comenzaban a resultar inasumibles, aparecía la segunda parte del entramado. Nuevas sociedades vinculadas a la misma organización se presentaban como asesorías, despachos jurídicos o intermediarios capaces de solucionar el problema que el propio grupo había creado.

Interior señala que, mediante letrados en ejercicio, ofrecían una supuesta “segunda oportunidad”. Lejos de eliminar la deuda, esa vía añadía nuevos costes y otra financiación. Los investigadores sostienen que incluso se aconsejaba a los afectados no contar nada a sus familiares, insinuándoles que podrían acabar ingresados en una residencia si se conocía su situación económica.

La casa como última salida

El paso final consistía en convencer a las víctimas de que transmitieran la nuda propiedad de su vivienda por una cantidad muy inferior a su precio real. El propietario conservaba el usufructo y podía seguir viviendo en el inmueble, pero dejaba de ser dueño de él. Tras su fallecimiento, la casa pasaba a manos de quienes habían adquirido ese derecho.

En uno de los casos relatados por los responsables policiales, un hombre cedió su vivienda por 30.000 euros, pagaderos en mensualidades de 1.000. El mismo piso llegó a anunciarse por 430.000 euros, según la información publicada por El País. La cantidad prometida a la víctima equivalía a menos del 7% del precio al que después se ofertó el inmueble.

Algunas personas afectadas tenían hasta 90 años y padecían deterioro cognitivo o enfermedades como el alzhéimer. En determinados casos, los familiares no descubrieron la transmisión de la vivienda hasta después del fallecimiento, cuando intentaron tramitar la herencia.

La Policía ha conseguido bloquear registralmente 47 inmuebles presuntamente obtenidos mediante este sistema. También ha ordenado inmovilizar cuentas bancarias y sociedades mercantiles hasta un límite de cuatro millones de euros. La operación policial se desarrolló entre el 22 y el 29 de junio, aunque sus resultados se han conocido ahora.

El aislamiento no implica necesariamente desprotección, pero amplía el terreno en el que pueden actuar quienes buscan acceder a una persona sin testigos ni familiares cerca. El INE contabilizó 2,13 millones de hogares formados por una persona de 65 años o más que vivía sola en su Encuesta Continua de Hogares de 2020. Además, sus datos más recientes sitúan a este tipo de hogar entre los más expuestos económicamente: el 28,7% se encontraba en riesgo de pobreza relativa en 2024 y su gasto medio anual fue de 23.024 euros en 2025.

El caso deja una pregunta incómoda para financieras, notarías y administraciones: ¿qué controles deben activarse cuando una persona vulnerable transmite una vivienda por una cantidad manifiestamente alejada de su precio de mercado? Para algunas familias, esa pregunta llegó cuando la casa ya tenía otro dueño.